Por redacción/ Última Nota
Por unanimidad aprueba la Décimo Sexta Legislatura de Quintana Roo, Ley Apícola para la Entidad. Se ha dotado de un marco jurídico para fortalecer la producción de miel en el Estado, así como la protección de las abejas que juegan un papel fundamental para el equilibrio del medio ambiente, al ser las polinizadoras más importantes en el mundo.
La Ley Apícola fue analizada en la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural de la XVI Legislatura que es presidida por la Diputada Linda Cobos, quien considero es un gran paso para la Entidad al resaltar la importancia de la apicultura.
“Con la aprobación de este dictamen, actualizamos el marco jurídico para fortalecer la actividad apícola de nuestro Estado, estableciendo elementos para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la protección de las abejas como agentes polinizadores tanto de plantas de la vegetación natural como la cultivada, así como la sustentabilidad de la actividad”, expresó Linda Cobos, en pleno al solicitar el respaldo de sus homólogos.
Resaltó que en Quintana Roo se produce de manera anual aproximadamente 3 mil 900 toneladas de miel, siendo en Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y Othón P. Blanco donde se cosecha el 90.20 por ciento de la producción, ubicándose en esta zona el 86 por ciento de las colmenas que se encuentran en nuestro estado.
“De igual forma, entre las atribuciones y obligaciones de los actores involucrados, se establecen mecanismos con el propósito de adoptar sistemas de producción apícola más eficientes y con estrictos controles de calidad para obtener productos y subproductos de excelente calidad, y con ello mantener la competitividad de la miel en los mercados local, nacional e internacional. Y lo más importante contribuimos al desarrollo social y económico de las y los productores apícolas de nuestras comunidades rurales e indígenas”, explicó la representante del Distrito XIV, Linda Cobos.
Añadió que para la elaboración de esta nueva Ley, participaron especialistas de diversas dependencias públicas y privadas, así como también productores apícolas, para lograr una legislación integral que fortalezca la actividad, basándose en la realidad de las experiencias de quienes se dedican ha esta milenaria actividad primaria.
